Por Dr. Eduardo Grajales González
En Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar está imprimiendo un estilo distinto de gobernar: un estilo que encuentra en la filosofía un sentido de orientación para la política. En este contexto, el mandatario ha sido preciso al definir y establecer conceptos que buscan guiar la administración pública, tales como el humanismo que transforma, la chiapanequidad, el buen vivir y la Nueva ERA. Sobre esta base surge, en 2026, el concepto de prosperidad compartida. Pero ¿qué significa realmente? Ese es el reto que debemos interpretar.
La prosperidad compartida no se reduce a un indicador económico ni a un eslogan administrativo. Se trata de una firme orientación ética y política que concibe el desarrollo como un proceso colectivo, donde el bienestar solo adquiere sentido cuando alcanza a todas y todos, y no cuando se concentra en unos cuantos. Prosperar no es acumular, como ha ocurrido en la visión occidental que hemos vivido durante más de 500 años; por el contrario, prosperar es compartir, integrar y dignificar. Esta concepción se encuentra mucho más cercana a la cosmovisión de los pueblos originarios de nuestro estado. Es, además, diametralmente opuesta a la lógica neoliberal bajo la cual hemos vivido y que, en consecuencia, ha generado profundas y, en muchos casos, inhumanas desigualdades entre ricos y pobres.
Esta perspectiva coloca al comunitarismo por encima del egoísmo. La vida social no se edifica desde la competencia individual, sino desde la cooperación, la corresponsabilidad y el reconocimiento mutuo (lekil ch’anel, ich’el ta muk’ y k’uxubinel). La prosperidad, entendida de esta manera, fortalece el tejido social, recupera la confianza pública y devuelve centralidad a la comunidad como sujeto del desarrollo.
El fundamento de este enfoque es una ética humanista que reconoce a la persona como fin y no como medio. El éxito económico, bajo esta lógica, solo es legítimo cuando se traduce en inclusión, equidad y justicia social. Hablamos de acceso efectivo a la educación, la salud, la infraestructura, el empleo digno y las oportunidades reales para las regiones históricamente marginadas.
Filosóficamente, esta visión dialoga con una actitud cercana al estoicismo, entendida como responsabilidad ante la vida, disciplina ética y coherencia entre pensamiento y acción. Gobernar implica asumir con templanza y firmeza los desafíos colectivos, orientando las decisiones hacia el bien común, más allá de intereses inmediatos o personales. Por ello, no deben extrañar las determinaciones que ha tomado el gobernante en el ejercicio del poder.
De esta convicción se desprende una gobernanza con sentido humano y social, que apuesta por políticas públicas con un enfoque decolonial y transformador, capaces de reconocer la diversidad cultural, los saberes comunitarios y las formas locales de organización como pilares del desarrollo. La transformación no se impone: se construye desde los territorios, con participación social y respeto a la identidad.
La prosperidad compartida exige también erradicar la corrupción como hábito estructural de la gobernanza, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y el uso ético de los recursos públicos. Sin integridad institucional no hay justicia distributiva ni confianza ciudadana.
Un ejemplo claro de la prosperidad compartida es el programa Chiapas Puede, mediante el cual el gobierno del estado ha invertido más de mil millones de pesos para fortalecer a la población y dotarla de herramientas que le permitan tomar mejores decisiones. Aquí se invierte el esquema tradicional al que estábamos acostumbrados: ahora se invierte en el sujeto. Se trata de invertir la pirámide del poder para poner en el centro al ser humano y revertir sus condiciones más precarias.
La construcción de este proyecto demanda la formación de liderazgos inspiradores, capaces de trabajar en equipo, sostener una mística de servicio y convertir la política en una práctica ética cotidiana, tal como lo ha venido haciendo el mandatario estatal. En este contexto político, las y los servidores del pueblo tienen —y tenemos— una obligación ética y moral: ser consecuentes con este pensamiento.
El horizonte último es avanzar hacia el lekil kuxlejal, el buen vivir entendido como equilibrio entre comunidad, dignidad, justicia y sentido. En esta clave, la prosperidad compartida no es una promesa abstracta, sino una forma concreta de habitar el presente y construir un futuro colectivo.
