Eduardo Grajales
El primer informe del gobernador Dr. Eduardo Ramírez Aguilar dejó una señal contundente sobre la orientación política con la que ha guiado su administración este primer año. Más allá de los datos, de los resultados presentados y del balance de programas, lo que destaca es un viraje discursivo que busca romper con inercias históricas.
Por primera vez en mucho tiempo, los pueblos originarios de Chiapas son colocados en el centro de la narrativa gubernamental y reconocidos explícitamente como sujetos de derechos. Este gesto, si bien simbólico en su origen, tiene implicaciones profundas en un estado donde la relación entre el poder público y las comunidades indígenas ha estado marcada por tensiones, desigualdades y prácticas que, durante décadas, las colocaron en un lugar de subordinación institucional. Desde su inicio, la narrativa gubernamental, se orientó hacia un reconocimiento explícito hacia los pueblos originarios como sujetos de derechos, capaces de decidir, participar y co-construir las políticas que les atañen.
El informe plantea que los pueblos y comunidades indígenas dejan de ser considerados como objetos de políticas asistenciales para convertirse en actores que deciden, proponen y participan en la construcción de las estrategias públicas. Esto se alinea con marcos normativos contemporáneos, tanto nacionales como internacionales, orientados al pluralismo jurídico, la libre determinación y el respeto a los sistemas normativos propios. En Chiapas, donde la diversidad cultural es una de las mayores riquezas del territorio, este cambio conceptual abre una oportunidad para redefinir la relación entre el Estado y quienes sostienen, desde sus comunidades, parte esencial de la identidad del estado.
La frase del gobernador, “gobernar obedeciendo”, resonó especialmente por su carga cultural y política. En muchas comunidades indígenas, la autoridad no es concebida como un poder que se impone, sino como una responsabilidad conferida por la asamblea. Recuperar este principio dentro de un informe oficial no es menor, pues implica un reconocimiento de que la legitimidad pública debe construirse a partir de la escucha, la consulta y la capacidad de dialogar con los actores comunitarios. Es visible una transformación que se traduce en prácticas institucionales que realmente incorporan la participación comunitaria en la toma de decisiones.
El informe también subrayó la justicia social como eje vertebral del gobierno. Chiapas enfrenta desigualdades históricas que persisten en indicadores clave como salud, educación, vivienda, servicios públicos y bienestar general. Estas brechas afectan de manera más directa a las poblaciones indígenas, cuyas condiciones de marginación son el resultado de décadas de abandono estructural. El gobierno actual plantea una intervención basada en la dignidad y el reconocimiento, articulada a través de políticas transversales en materia de justicia, educación y seguridad. La coherencia humanista de esta administración está contenida en lo dicho por el gobernador: “Lo que se va construyendo se va cuidando”. Por ello, es notorio que los recursos asignados y la capacidad de consolidar mecanismos que respeten los procesos comunitarios sin imponer modelos externos poco compatibles con las dinámicas locales, han sido parte de ese cuidado que vemos con los programas de alfabetización (Chiapas Puede) y de seguridad que son de largo aliento, pero ha incluido la consulta a las comunidades como base de su operación inicial.
El discurso oficial reconoce la necesidad de replantear los fundamentos coloniales que han permeado la actuación gubernamental en Chiapas. Esto implica revisar prácticas, modelos de intervención y formas de relación con los territorios. Convertir este reconocimiento en una política concreta será una acción central durante los próximos años. No basta con enunciar que los pueblos originarios están al centro, por eso, el gobernador ha implementado estructuras que lo permiten: presupuestos inclusivos, programas construidos desde la base comunitaria y mecanismos legales que garantizan la participación de las comunidades en las decisiones que lo incluyen directamente. Base de lo anterior, se concreta en los tres ejes esenciales que mencionó en su informe: la autoridad moral, el estoicismo como forma de gobierno y el amor al pueblo. Estos ejes son la base del humanismo y son el ejercicio de función pública.
El primer informe de gobierno abre, pues, una puerta a una visible transformación en la forma de gobernar. El reconocimiento de la dignidad de los pueblos originarios como sujetos de derechos es un paso necesario para corregir desigualdades profundas. Chiapas se encuentra frente a una oportunidad para avanzar hacia una relación más respetuosa, más justa y más cercana entre el Estado y las comunidades que, desde su diversidad y su historia, siguen siendo el corazón del territorio. Por ahora, el informe deja claro que la ruta está trazada y que el centro de esa rutason los pueblos que han sostenido la raíz y la memoria de Chiapas. Porque como dijo el gobernador: “Somos los hijos de los rebeldes de la dignidad”. Y esta dignidad ha construido los puentes de la Nueva Era hacia un Chiapas más humano.
